Fuente: Canvas.
Tras varios retrasos y una serie de cambios de última hora que han frustrado a los grupos ecologistas, la Comisión Europea llegó a un acuerdo con sus integrantes sobre acciones que impulsen el cumplimiento de la sostenibilidad de las empresas (DSDC).
Según Fruinet, la directiva propuso un marco legislativo que obliga a las empresas a demostrar sus medidas que adoptan para proteger el medio ambiente y los derechos humanos. De esta manera se exige a algunas grandes empresas que dispongan de un plan para garantizar que su estrategia empresarial sea compatible con el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, al tiempo que se incentiva a los consejeros para que contribuyan a los objetivos de sostenibilidad y mitigación del cambio climático.
La directiva de la Comisión Europea también introdujo obligaciones para los consejeros, como establecer y supervisar la aplicación de procesos de diligencia debida e integrar la diligencia debida en la estrategia empresarial, teniendo en cuenta las consecuencias de sus decisiones para los derechos humanos, el cambio climático y el medio ambiente.
Nico Broersen, director general de la plataforma global de cumplimiento AgriPlace, comentó en LinkedIn: “Esto marca un gran hito en el camino hacia la mejora de los derechos laborales y la elevación de las normas medioambientales en las cadenas de suministro mundiales. La CDSD refleja valores que nos apasionan en Agriplace: se trata de marcar una diferencia real en la forma de operar de las empresas y permitir que sea una fuerza para el bien.”
Lara Wolters, eurodiputada holandesa de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócrata, que dirigió las negociaciones en el Parlamento Europeo, afirmó que la ley ayudará a “impedir que las empresas miren hacia otro lado ante la miseria y la destrucción humanas muy reales”. Sin embargo, criticó a los Estados miembros que “retrasan persistentemente la adopción del acuerdo”.
Los defensores del medio ambiente criticaron los cambios tardíos en el ámbito de aplicación de la directiva. El nuevo acuerdo se aplicaría a las empresas con más de 1.000 empleados, frente a los 500 actuales, así como con un volumen de negocios neto de 450 millones de euros, el triple de lo acordado anteriormente.
Según las estimaciones de los grupos ecologistas, los cambios excluirían al 70% de las empresas que la ley debía cubrir. Anaïs Berthier, directora de la oficina en Bruselas de Client Earth, una organización de defensa del medio ambiente declaró a The Guardian que “la presión de las empresas y la política habían masacrado una oportunidad para revolucionar la forma de hacer negocios en la UE”.