Por Marisa Mancino, Presidenta World Compliance Association Capítulo Chile
El complejo campo normativo que debe enfrentar una empresa en Chile abarca no sólo un entramado de normas nacionales, las asumidas voluntariamente por la organización y los requerimientos de cumplimiento de la FCPC-1977 (Foreign Corrupt Practices Act) de los cuales pocas empresas pueden escapar. Esta ley prohíbe a las compañías de Estados Unidos o a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de dónde estén ubicadas sus operaciones y sus empleados, el propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esta acción.
Es una normativa pionera para frenar la corrupción y es el embrión de lo que llamamos Compliance, pero ¿saben las compañías de nuestro país que son sujetos obligados por esta ley y el nivel de las sanciones económicas?
Aún, si bien la mayoría de los casos, no llegan a condenas ni absoluciones, porque se concluyen con la firma de uno o varios acuerdos a través de un non prosecution agreement (acuerdo de no enjuiciamiento), en los casos que de renuncia al ejercicio de las acciones penales, por parte de la Fiscalía, a cambio que la empresa investigada asuma obligaciones pecuniarias; o bien a través de un deferred prosecution agreement (acuerdo de enjuiciamiento diferido), en los casos que se formaliza una denuncia de la compañía, que se retirará si la empresa investigada cumple con lo pactado; el daño reputacional y las cifras que deben asumir para cumplir con los acuerdos son cuantiosas (aunque mayores serán las impuestas por una sentencia).
Ante esto, ¿qué puede hacer una compañía en nuestro país para estar a la altura de tanta exigencia?
Se recomienda y se recompensa la ADOPCION de medidas preventivas y reactivas.
Las preventivas pasan por desarrollar un MODELO EFECTIVO DE COMPLIANCE, y ciertas medidas y políticas en temas que garanticen su desarrollo, por ejemplo, políticas de contratación de personal con la correspondiente due diligence. Las medidas reactivas consistentes en la investigación interna generada por la compañía para esclarecer una posible comisión de un hecho ilícito en su seno. Las autoridades de Estados Unidos anunciaron ventajas significativas para las empresas que aporten voluntariamente información específica del acto corrupto descubierto en su seno. Parecería que lo más importante no es que el sistema sea justo sino eficaz.
Existen numerosos detractores de la FCPA, y ha habido casos recientes (United State vs. Hoskins) en los que se han hecho pronunciaciones limitantes a la aplicación extraterritorial de esta ley. Pero no debemos olvidar que la fuerza de esta normativa se aplica a una categoría de personas bastante amplia y a veces sin haber pisado suelo norteamericano podemos ser pasible de su severidad.
Lo cierto es que no podemos desconocer en el seno de nuestras organizaciones la existencia del abanico legislativo que nos involucra, y a la vez debemos estar preparados para prevenir, con herramientas al alcance de todos, sanciones y daños económicos, pero sobre reputacionales de la empresa.
De las actualizaciones realizadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estadounidense (SEC) en este 2020, surge información relevante que mejora la versión anterior (2012), y ayuda a las empresas, los expertos y al público en general a prevenir la corrupción.
Estas y otras herramientas como las recomendaciones otorgadas por ISO 37.001 en materia de soborno e ISO 31.000, gestión de riesgos, son muy útiles a la hora de proceder a proteger a nuestra organización creando el escudo necesario para operar con menos riesgos en el Comercio Internacional e instaurando en nuestras organizaciones un clima de Ética y Cumplimiento del más alto nivel, sobre todo si es que se ha procedido a Certificar Internacionalmente el Sistema de Compliance de la empresa.